La libertad de expresión en Venezuela (Segunda Parte)

En Venezuela los medios corporativos han tenido por costumbre utilizar todo tipo de actuaciones violentas y antidemocráticas, no respetando ningún código deontológico periodístico.

Vimos en la primera parte sobre la libertad de expresión en Venezuela que no existe ninguna intención de coartarla, bien al contrario, cada vez hay más medios y formas de poder expresarse y comunicar. 

Sin embargo, los que han estado acostumbrados al monopolio, a la dictadura mediática, que son las poderosas familias venezolanas que constituyen la oligarquía, no ven con buenos ojos que otros sectores sociales puedan dar a conocer su opinión. Cuando uno es tirano, como sucede con la oligarquía venezolana, y las que la sostienen  (la española y la estadounidense), cualquier cambio de balance en el poder social se ve como amenaza, aunque en realidad solo sea una de las características de una democracia. 

Por este motivo y dada su oscura historia,  la oposición venezolana llama como ataques a la libertad de expresión  lo que no es otra cosa que la justa aplicación de la ley ante delitos de violencia, amenazas y calumnias que en cualquier estado democrático, como es la Venezuela actual, se llevaría a cabo.

Han tenido tanta impunidad y, por qué no decirlo, tanta maldad, que ya no son capaces de reconocer entre lo que está bien y lo que no. Entienden el bien como aquello que les favorece y privilegia a ellos, sin importar las consecuencias, normalmente terribles, sobre la vida de otras muchas personas. 

Aquí tienen esta parte segunda sobre la mencionada libertad de expresión en la República Bolivariana:

La libertad de expresión en Venezuela (Segunda Parte)

Por Luis Britto García

Los medios en Venezuela funcionan como actores políticos

Para mejor valorar en su justa perspectiva esta situación de plena libertad de expresión, es oportuno señalar que por su parte los medios llevan adelante en forma persistente prácticas de violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de sus leyes y de la ética del gremio periodístico.

Para probar estas prácticas, que son del dominio público, y cuya exposición rebasaría de los límites de esta audiencia, recurrimos a testimonios emitidos por los propios medios, por sus propietarios y sus comunicadores, recogidos en forma textual en nuestro libro Dictadura mediática en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de toda sospecha (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas, 2008), que acompañamos como Anexo al presente alegato y del cual consignamos un ejemplar a cada uno de los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

En el documento citado consta, en afirmaciones de los propios periodistas y propietarios, que en Venezuela los medios privados no actúan como comunicadores, sino como actores políticos, promueven en forma consistente la antipolítica e intentan suplantar a los partidos (pp.308-314). Que incitan de manera pertinaz a la discriminación étnica y racial, la guerra civil, el magnicidio y la deposición violenta del gobierno legítimo (pp. 309).

Los medios fueron cómplices y ejecutores de un golpe de Estado

Consta asimismo en testimonios citados textualmente en dicho libro que para el año 2002, a excepción de dos diarios con cierto grado de equilibrio, los medios predicaron abiertamente el derrocamiento del gobierno legítimo, mintieron que éste habría disparado contra una manifestación, mintieron que el Presidente había renunciado, colaboraron con su tecnología superior en el corte de comunicaciones que lo derrocó, pactaron con la dictadura la entrega de los órganos de control de las telecomunicaciones, llamaron a la delación contra los partidarios del gobierno democrático, difundieron entusiásticamente sus detenciones y ocultaron con un apagón comunicacional los movimientos populares que en definitiva restablecieron el gobierno legítimo (Op. Cit. pp. 45 -103).

Ni el presidente electo ni sus funcionarios aplicaron ninguna sanción: Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta marzo de 2003 los medios privados en Venezuela se encadenaron 24 horas diarias en una saturativa cadena de llamamientos a derrocar el gobierno legítimo, de apoyo a un cierre patronal de empresas, al sabotaje de la industria petrolera y a la desobediencia tributaria. La falta de apoyo popular a esta agresión comunicacional de una duración e intensidad nunca vistas en el mundo determinó su fracaso, sin que de nuevo las autoridades ejecutaran sanción alguna (Op.cit. pp 140-155).

Los medios venezolanos no se consideran obligados a ser veraces ni imparciales

Para sustentar tales políticas los medios han dejado de lado la veracidad, objetividad, imparcialidad y equilibrio que debe caracterizarlos. Para justificarlo, el doctor Pedro Nikken sostiene en la audiencia de 27 de marzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que “nadie sabe lo que es la verdad”. Si ello fuera cierto, el doctor Nikken no debería acudir ante una Corte Interamericana para que legitime como verdad judicial una verdad que él mismo dice ignorar, y los medios opositores venezolanos a los cuales representa deberían abstenerse de presentar como verdades la granizada de mentiras que constantemente esgrimen contra el gobierno democrático de Venezuela.

Lo cierto es que de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. Por tanto, nadie puede en Venezuela emitir información inoportuna, falsa y parcializada, ni pretender que como desconoce la verdad, está libre de los deberes y responsabilidades que indique la ley.

Para evidenciar que gran parte de los medios en Venezuela no se consideran obligados a proporcionar información veraz, imparcial y oportuna, citamos opiniones textuales de comunicadores de la propia oposición y de observadores foráneos. El reportero Roberto Giusti declara: “Me pregunto si a la hora de exigirnos objetividad lo que quieren en el fondo es silencio cómplice, babosa obsecuencia, la entrega incondicional o la renuncia” (Laura Weffer: “Roberto Giusti: es necesario ir más allá de la objetividad”, El Nacional, 26-6-03, A-5). El opositor Manuel Isidro Molina apunta que “los medios deben volver a ser espacios plurales y éticos, sin manipulaciones, censura ni tergiversaciones politiqueras. Y deben salir del dispositivo neoliberal que los viene animando”. (“La rectificación mediática tiene que ser valiente, sincera y honesta”, La Razón, 3-11-02, A-5).

Patrick Butler, para 2003 vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas, sostiene que “no está haciendo un periodismo independiente sino partidario, que no trata de informar al público sino de convencer al público para cambiar un gobierno.” (Marianela Palacios: “Universidades abogan por un periodismo ético”, El Nacional 26-6-03, A-5). El británico Phillip Gunson, para 2003 presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros, declara que: “El periodismo venezolano está tan polarizado como cualquier otro aspecto de la vida nacional. Muchos periodistas, editores y dueños de medios parecen pensar que esto es no sólo inevitable, sino hasta deseable, que la llamada imparcialidad es una meta inalcanzable y hasta absurda en medio de esta coyuntura, que a la imparcialidad hay que tirarla por la borda porque así lo exigen las circunstancias” (Marianela Palacios: “Periodismo en tiempos de crisis”, El Nacional, 27-6-03, A-8). Y según apunta el analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos Larry Byrns: “Los medios venezolanos no reportan sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se encuentra no sólo en la página editorial, sino en todas y cada una de las columnas de sus periódicos, en escandalosa contradicción con todo sentido y responsabilidad profesional” (Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).

Los propietarios de los medios vetan, censuran y explotan a los comunicadores

Estas políticas, ordenadas por los dueños de los medios, no necesariamente cuentan con la aprobación de los comunicadores ni les garantizan un trabajo digno y estable. En remitido que el diario El Nacional se negó a publicar, el sindicato de ese diario exige: “Basta ya de manipular a los trabajadores de los medios de comunicación para exponernos como responsables de las líneas informativas de los mismos, los dueños de los medios deben aceptar que son un poder y que por consiguiente tienen una responsabilidad social no sólo con sus trabajadores sino con toda la sociedad venezolana ( )” (9-6-2002. www.antiescualidos.com.).

Sorprende por ello que organismos gremiales como el Colegio Nacional de Periodistas o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en lugar de democratizar su funcionamiento y defender a sus agremiados contra los patronos, hagan causa común con éstos a la hora de cursar falsas acusaciones contra Venezuela. El Colegio pasó diez años sin elegir nuevas autoridades; ni él ni el SNTP movieron un dedo contra los masivos despidos de cerca de medio millar de comunicadores que siguieron al fracaso del paro patronal de 2002 y 2003, y que desde entonces no han cesado. Tampoco ha adoptado una sola medida contra la crónica inestabilidad laboral y la falta de seguridad social que aqueja a sus afiliados gracias a las prácticas de tercerización, ni contra la permanente censura y el veto que se ejerce sobre los profesionales que disienten de los propietarios. Sobre estas materias rige el criterio que la “Defensora del lector” Alba Sánchez consigna en El Nacional del 8-10-2002 legitimando el veto contra colaboradores expulsados del diario: “No basta con ser buenos con la escritura o desarrollar ideas brillantes (lo cual también importa), sino que sus textos tienen que gustarle además de a los lectores, a los directivos del periódico, a sus comités editoriales, a sus directores o a sus dueños ( ). Obviamente los ‘ungidos’ dejan de serlo cuando los antes mencionados lo deciden”.

Visto lo cual, todavía más sorprende que la presidenta del CNP, en lugar de atender a precaria situación laboral de sus agremiados, alegue ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que los comunicadores venezolanos son inducidos a la “autocensura” mediante “dispositivos de temor”. Si hay “autocensura” en medios que no se consideran obligados a ser veraces, es impuesta por “los directivos del periódico, sus comités editoriales, sus directores o sus dueños”, según confiesa Alba Sánchez. Ni un solo comunicador venezolano ha dejado de sentir estos mecanismos patronales, sobre los cuales CNP y SNTP guardan el más cómplice silencio, quizá por no dejar de ser “ungidos” a su vez por los propietarios.

Los medios desprecian las leyes y la vida humana

En estas páginas hemos señalado numerosos ejemplos de violación de las leyes y de las normas éticas por parte de los medios. El maltrato no se limita sólo a la verdad o a la reputación: se extiende en oportunidades a la persona física. El Correo del Orinoco de 31 de agosto de 2012 recoge informaciones del ministro del Interior y Justicia Tarek el Aisami, según las cuales “El pasado 28 de agosto, en la Autopista Regional del Centro (ARC), tres personas pertenecientes a una planta televisiva privada, Globovisión, violaron el cerco perimetral de la UPS Paula Correa y luego de ingresar, sin autorización, la comunidad de campesinos los aborda para preguntarles que hacían ahí y uno de los trabajadores (de la planta televisiva) abre fuego contra los campesinos. Se trata del ciudadano identificado como Frank Robert Tolosa Torres, quien está siendo solicitado por lo cuerpos de policías”. La víctima, Rafael Cañizales, queda gravemente herida de bala en el cuello.

Se quejan los comunicadores de que en oportunidades los ciudadanos se niegan a ser entrevistados o a suministrarles información ¿Qué otra conducta cabe ante medios que sistemáticamente tergiversan, adulteran o falsean las declaraciones que se les hacen, o que recurren a la más extrema ilegalidad y violencia para obtenerlas? Rafael Cañizales, postrado en su lecho del hospital, es un elocuente símbolo de la situación del público ante el desprecio de las leyes y de la vida humana por parte de los medios privados.

Los medios disponen de información por parte de los poderes públicos

Representantes de esas organizaciones gremiales que no trabajan por el bienestar de los comunicadores sino por defender a los patronos alegan ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que las autoridades no facilitan todas las informaciones que los medios requieren ni los admiten irrestrictamente en los actos públicos.

Una vez más, sus propias afirmaciones desmienten lo que alegan. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, presenta cifras sobre la cantidad de medios que existen en Venezuela: son las mismas que constan en este informe, y que tienen su fuente en la página web del Ministerio de Comunicación e Información. Mal puede decir que las autoridades no informan quien basa su alegato en datos provenientes de ellas.

Aduce también Correa que una gran proporción de los medios favorece al gobierno bolivariano. Aparte de que en tal caso estarían en absoluta libertad de hacerlo, y no le correspondería a Correa prohibirles hacer uso de la libertad de expresión en tal sentido, debemos señalar que tal afirmación es palmariamente falsa. Remitimos una vez más a nuestro libro Dictadura Mediática en Venezuela, en el cual recogemos, con citas textuales e indicación de medios, páginas y fechas, una antología de casi una década de abrumadora parcialización de los medios privados en contra del gobierno democrático.

Y con respecto a la experiencia reciente, el 24 de julio de 2012 la coordinadora del Observatorio de los Medios de Venezuela, Maryclen Stelling, declara para 6° Poder que “en el país la cobertura de la campaña electoral no ha sido justa, debido al desequilibrio informativo generado por la cantidad de medios privados que han favorecido al candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski”. Añade Stelling que “Si vamos al uso de los medios de comunicación social, observamos que no ha sido justa debido a que hay muchos más medios en manos privadas que apoyan al candidato de oposición. No solamente hay un desequilibrio en la propiedad de los medios de comunicación social sino que los medios privados, que tienen un 60% de la audiencia, prestigian al candidato opositor”, enfatizó en entrevista realizada.

En otra audiencia que tiene lugar el 1 de noviembre de 2012 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, las Organizaciones No Gubernamentales alegan que hay un estado de inseguridad en Venezuela. Todos y cada uno de sus datos son proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, Caracas, mayo 2010, publicada tanto en físico como en la página web de dicho Instituto. Las ONGs omiten, por otra parte, señalar que dichas cifras representan sólo la percepción de inseguridad de una muestra reducida de la población, y no el número de homicidios reales. Pero mal puede alegar falta de información por las autoridades quien utiliza la información oficial como base de sus alegatos.

Finalmente, es oportuno señalar que hay límites racionales, lógicos e instrumentales al acceso irrestricto a las fuentes que algunos medios pretenden. Según las cifras (también oficiales, bueno es recordarlo) citadas al comienzo de este alegado, operarían en la Venezuela actual unos 1.281 medios, sin contar las emisoras AM ni los alternativos y comunitarios. Suponiendo muy conservadoramente que en cada uno trabajaran sólo veinte comunicadores, para cada acto oficial habría que facilitar el acceso irrestricto a unas 25.620 personas y at

nder una por una sus preguntas y solicitudes de información. No podrían tampoco los poderes públicos ejercer sus competencias si se asumiera que su función prioritaria es la de colectar información para los medios, y la de estar sometidos a perenne interrogatorio por sus agentes.

Añadamos a ello que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece limites en su artículo 13, numeral 2 para la libertad de buscar, recibir y difundir información en “a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 2) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” Según el numeral 5 de dicho artículo “5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. Los Estados soberanos tienen el derecho y el deber de limitar las informaciones que excedan tales límites.

Por otra parte, llama poderosamente la atención que los representantes de los comunicadores (o más bien de los patronos de los medios de comunicación) no soliciten el derecho a ser informados de manera irrestricta por medios y empresas privadas sobre todas las cuestiones que les soliciten. Tal información podría prevenir a la ciudadanía contra los efectos de productos nocivos, de publicidad engañosa o de fraudes financieros por parte de empresas o profesionales privados. La denuncia y autodenuncia de los medios en tal sentido es casi inexistente, salvo cuando emprenden campañas para extorsionar a los empresarios que no les contratan publicidad. Una vez más se hace aquí evidente que en las denuncias sobre libertad de expresión prepondera un doble rasero, y que son los medios quienes deben cuestionar sus propias prácticas y conductas.

Los medios son la principal fuente de las denuncias ante la CIDH

Como otra prueba de la libertad de expresión integral de que se disfruta en Venezuela, señalamos el hecho de que la mayoría de las denuncias interpuestas por Organizaciones no Gubernamentales ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que ésta por lo regular cursa sin mayor verificación como acusaciones ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos e incorpora en el Informe Periódico Universal ante las Naciones Unidas, se fundan única y exclusivamente en notas de prensa, que a menudo ni siquiera aportan precisiones sobre personas, lugar, fecha ni hechos.

Esta conducta se hace patente en el alegato de uno de los peticionarios, que a pesar de ser comunicador parece ignorar los principios de la Pirámide Informativa, según los cuales la noticia debe informar sobre ¨¿Quién, Dónde, Cuándo, Cómo, Por qué?”. Habla de amenazas, limitaciones, agresiones, mas no menciona agredidos, limitados ni amenazados, fechas, lugares ni circunstancias. No es un ejemplo de mal uso del poder, sino de mala praxis del periodismo y de los Derechos Humanos.

En repetidas oportunidades hemos criticado esta conducta, ya que viola los principios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 46 pauta que “Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá ( ) d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición”.

Y en repetidas ocasiones también hemos exigido a la Comisión que se ajuste a su jurisprudencia, que ella misma cita en sus informes, según la cual los funcionarios públicos (de organismos nacionales o internacionales) “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”.

Pero si la Comisión funda sus decisiones esencialmente en alegatos basados en notas de prensa de los medios venezolanos, los cuales explícitamente rechazan el deber de veracidad y de objetividad (y que son una fuente que ningún órgano jurisdiccional digno de tal condición acepta por si sola como prueba), confiesa con ello que en su propio juicio dichos medios informan y opinan sin cortapisas ni trabas ni censuras ni limitaciones sobre lo que sucede en Venezuela, y confirma con tal práctica que en nuestro país existe la más plena y total libertad de expresión.

Cerramos estas consideraciones con un llamamiento para que la Comisión Interamericana revise sus inveteradas prácticas de aceptar y dar curso irreflexivamente a todo tipo de denuncias sobre violación de Derechos Humanos en casos en los cuales no se ha agotado la jurisdicción interna, en los cuales no se precisan nombres, lugares, fechas ni pruebas, en los cuales meramente se efectúan especulaciones sobre posibles hechos futuros, hipotéticos e inciertos, y sobre todo, basados única y exclusivamente en notas de prensa de medios que según sus propias declaraciones no se consideran obligados a respetar la objetividad, la veracidad ni la imparcialidad, y que no representan más que la opinión interesada y parcial de reducidos grupos de propietarios, enfrentados a la soberana voluntad democrática y mayoritaria de la ciudadanía.

Sobre el particular, la Comisión debe tener muy en cuenta las críticas formuladas por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú que constan en el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de 13 de diciembre de 2011. No sólo se trata de un nutrido grupo de países que formulan críticas al desempeño de esta Comisión: en conjunto, representan cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe. Los pueblos de estos países, así como los gobiernos democráticos legitimados por el voto de ellos, merecen la consideración y el respeto que tales prácticas vulneran de manera continua: también son titulares de Derechos Humanos, y no se debe los debe considerar incapaces de defenderlos cuando quienes los vulneran son empresas o empresarios.

Por estas muestras de los medios que hemos citado la veracidad y la imparcialidad no se divisan, pero sí se divisa que así como Venezuela tiene quizá el más perfecto sistema electoral del planeta, en ella la libertad de expresión es quizá la más plena del mundo.

Hegemonía comunicacional

Al final de esta exposición me interroga la relatora Catalina Botero sobre el significado de la expresión del presidente Chávez “hay que lograr la hegemonía comunicacional”.

En mi criterio, existen dos tipos de hegemonía comunicacional. Una de ellas se refiere al dominio de los medios, y en este sentido, según las cifras que hemos expuesto y que los peticionarios aceptan, la oposición tiene una hegemonía abrumadora y aplastante en número de medios y capacidad de emisión.

Pero existe otro tipo de hegemonía comunicacional más importante, la del mensaje. Un mensaje legítimo puede prevalecer a pesar de la inferioridad numérica de los medios que lo transmiten. En este sentido, el movimiento bolivariano ha emitido en forma consistente un mensaje que favorece la democracia contra la dictadura, la igualdad contra el privilegio, la solidaridad contra el egoísmo, la armonía contra la discriminación étnica y social, la soberanía nacional contra la intervención foránea, el acceso a la educación, la asistencia social y la salud para todos contra la privatización de estos bienes. A pesar de la patente desproporción en la disponibilidad de medios, este mensaje ha garantizado el triunfo del movimiento bolivariano en quince de dieciséis procesos electorales inobjetables, y en el último de ellos la derecha ha tratado de mimetizarlo sin éxito, ofreciendo continuar las políticas sociales del bolivarianismo. Así se obtiene una hegemonía comunicacional: emitiendo un mensaje válido, y no el de la tergiversación, la discriminación y el privilegio.

En fin, ¿Hay libertad de expresión en Venezuela? Veo que varios de los peticionarios asienten ¡Pero no les dé pena! ¡Levanten la mano! Y si les parece qué hay libertad de expresión en nuestro país ¿Qué hacen aquí?

ANEXOS: 1) Luis Britto Garcia Dictadura mediática en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de toda sospecha: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas, 2008.

Se la puede descargar de www.minci.gob.ve

http://americaxxi.com.ve/la-libertad-de-expresin-en-venezuela-segunda-partepor-luis-britto-garca/