La libertad de expresión en Venezuela (Primera Parte)

En Venezuela no hay falta de libertad de expresión, sino falta de cultura democrática en los medios corporativos, acostumbrados a imponer sus intereses 

En un blog dedicado a temas de política internacional como es este, no debería de faltar un aporte a la información en un aspecto tan importante como desdibujado y deformado por los medios de comunicación españoles como es el grado de libertad  de los periodistas y las empresas periodísticas en Venezuela.

El conocimiento real que tiene el común de los españoles al respecto suele ser nulo, teniendo una idea que no guarda relación alguna con la historia pasada y presente de los medios en Venezuela.

Para aclarar esta realidad y que no se continúe con ridículas aseveraciones que en prácticamente nada coinciden con lo que se vive en este país americano, pongo en su conocimiento un riguroso artículo, del que ahora expongo la parte primera.

La libertad de expresión en Venezuela (Primera Parte)

Por Luis Britto García. 11 de noviembre de 2012

En Venezuela los medios de comunicación crecen y se expresan sin cortapisas

Venezuela es uno de los países con mayor libertad de expresión en el mundo, tanto por la sostenida expansión de su sector de comunicaciones, como por la ausencia de restricción para los contenidos que éste difunde.

La más decisiva prueba de que el Estado venezolano no viola el derecho de buscar, recibir y difundir información, consta en las decisiones de la propia Corte Interamericana de los Derechos humanos emitidas el día 28 de enero de 2009 en los dos casos relativos a los medios planteados ante ella.

La primera sentencia, relativa al caso Radio Caracas Televisión (RCTV), declara que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de la presente Sentencia”.

La segunda sentencia, relativa al caso GLOBOVISIÓN, declara en forma terminante que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 366 a 369 de la presente Sentencia”.

Más adelante aportamos testimonios, extraídos textualmente de los medios de comunicación venezolanos, que respaldan irrefutablemente ambas sentencias y demuestran que desde ese entonces hasta el presente reina en Venezuela la más irrestricta libertad de expresión.

Los medios privados venezolanos crecen sin restricciones

Los medios privados venezolanos están en un proceso de sostenida expansión que desmiente la idea de que el Estado les imponga frenos o cortapisas. Citemos cifras contundentes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Para 2012 circulan 334 publicaciones periódicas; de ellas un centenar son cotidianos. La mayoría son abiertamente opositoras al Gobierno. Sólo dos guardan un relativo equilibrio en la información, según mediciones del comunicólogo opositor Marcelino Bisbal: Últimas Noticias (Caracas) y Panorama (Maracaibo). Apenas tres (03) diarios, aparecidos en los últimos años, no son opositores: Diario Vea, Correo del Orinoco, y Ciudad Caracas.

Para 1998 funcionaban 331 emisoras de FM comerciales privadas y apenas 11 de servicio público. Para 2012 estas cifras casi se duplican: hay 499 emisoras FM comerciales, 83 de servicio público y 247 comunitarias. En 1998 emitían en señal abierta 36 televisoras comerciales y 8 de servicio público; para 2012 las cifras casi llegan al doble, pues funcionan 67 comerciales, 13 de servicio público y 38 comunitarias. Advirtamos que las emisoras comunitarias tienen alcance limitado a una parroquia o un distrito, y que su existencia a veces es efímera.

Este sostenido crecimiento de los medios de comunicación privados y su decisiva preponderancia tanto en número como en capacidad de emisión sobre los de servicio público, desmiente categóricamente el alegato según el cual el Estado venezolano ejercería una hegemonía comunicacional o aplicaría políticas que limitarían a los medios privados.

Los medios venezolanos están en pocas manos

Pero el crecimiento cuantitativo de los medios no significa una democratización en su propiedad ni en la selección del contenido. En los medios privados más importantes en Venezuela opera una extrema concentración de la propiedad, tanto vertical como horizontal, en manos de una decena de familias. Estos grupos para 1986 controlaban cerca de 94% de la cobertura nacional de radio y televisión, y en oportunidades dominaban diarios impresos. Los dueños de televisoras asimismo poseen las radioemisoras más importantes, y paralelamente manejan empresas disqueras, agencias de asesoría de imagen, de publicidad y de relaciones públicas. Hasta 2006, sólo dos televisoras, Radio Caracas Televisión y Venevisión, controlaban el 75% de la factura publicitaria televisiva, se cartelizaban para ofrecer rebajas a los anunciantes que se abstuvieran de anunciar en otras plantas, y cobraban sus servicios con una sola firma, Sercotel.

Ataques al gobierno democrático

A confesión de parte, relevo de pruebas. En cuanto a la afirmación de que este complejo y creciente sistema de medios difunde informaciones y sobre todo opiniones con la más absoluta libertad, no hay mejor prueba que una antología del contenido reciente de algunas de las más importantes y difundidas publicaciones del país. Radios y televisoras replican y amplifican los mismos contenidos. Salvo que se indique lo contrario, todas las publicaciones corresponden al año 2012.

La mejor estrategia para destruir un gobierno democrático, legitimado por sucesivas elecciones inobjetables, es tildarlo de autoritario, despótico o dictatorial. Desde 1998 los medios privados de Venezuela mantienen una sistemática campaña en tal sentido, que se desmiente a sí misma puesto que ningún gobierno dictatorial acepta ser calificado públicamente como tal.

Así, El Nuevo País titula desplegado en primera plana del 29 de agosto de 2011 “Hugo Chávez terminará como Saddam y Kadafi”. Mientras este humanitario deseo se cumple, la prensa coquetea con el golpe suave, aprovechando la enfermedad del presidente. Y así, El Nacional del 16 de abril de 2012 titula desplegado en la página 4 “Analistas consideran que el TSJ” debe convocar una junta médica” y antetitula “La Constitución establece la falta absoluta por incapacidad física”.

Siguiendo la campaña sobre el supuesto autoritarismo, en la página 7 dominical de El Nacional del 30 de septiembre, Simón Alberto Consalvi escribe que “El 7 de octubre será el día que nos liberaremos de la anarquía como política de Estado y del Estado como instrumento de dominio personal”. El diario Tal Cual el 4 de octubre de 2012 titula su editorial “La tragedia del Único” y sumariza:”Entre los déspotas de nuestra historia quizás nadie como Chávez ha intentado ser el gestor absoluto el poder”. Pasan las elecciones, el candidato opositor y las organizaciones que lo apoyan reconocen los resultados, y todavía el 10 de octubre el mismo diario, contumaz, en primera plana titula “El CNE pecó por omisión en elecciones presidenciales”, y editorializa, también en primera plana: “El domingo ganó la autocracia, con amplio apoyo popular”. Las leyes sancionadas por la mayoría democrática de la Asamblea Nacional crean la figura de las comunas para ampliar la participación democrática, y El Nuevo País del 22 de octubre titula desplegado en primera página: “Comunas representan una arremetida totalitaria”. Extraña autocracia, bajo la cual se publican tales opiniones.

Variante de esta arremetida es un diluvio de titulares y artículos para calificar a Venezuela de “narcoestado”. Como muestra de tal campaña, que por no poder recurrir a prueba alguna acude a la profecía, El Nacional de 5 de abril de 2011 en la página 6 titula su editorial “El narcoestado” y afirma “Lentamente se van cumpliendo todas las etapas que conducen a que Venezuela se convierta en un narcoestado, si es que ya no lo es”. El 4 de julio de 2011, El Nacional titula en primera página, a cuatro columnas: “Makled: Gobierno resguarda laboratorios de cocaína”. La opinión de un narco para ese entonces detenido en Bogotá es convertida en supuesto hecho de primera plana. Esta campaña culmina con una diversidad de supuestas noticias, que citamos más adelante, en las cuales se acusa sin asomo de pruebas e indiscriminadamente como narcotraficantes a los integrantes del alto mando militar.

Otra variante de la campaña de descrédito, a la cual nos hemos referido en oportunidades anteriores, es la afirmación sistemática de que no hay independencia de poderes. Así, Valentín Arenas afirma en la página 4 de El Nuevo País del 15 de octubre “No existe Asamblea ni TSJ, tampoco Fiscalía, Contraloría ni Defensoría. Todos esos poderes reciben ´órdenes del Ejecutivo´ y sus titulares las cumplen”.

En resumen, el gobierno venezolano, legitimado en repetidas e inobjetables elecciones como democrático, para parte de los medios privados está presidido por alguien que será ejecutado o linchado, aquejado de “incapacidad física”; es un “dominio personal”, una “autocracia” o “narcoestado”, sin independencia de los poderes. Tales afirmaciones se desacreditan por sí mismas. Ninguna autocracia permitiría que fueran libremente divulgadas, sin consecuencia alguna para sus autores.

http://americaxxi.com.ve/la-libertad-de-expresin-en-venezuela-segunda-partepor-luis-britto-garca/