Esas víctimas del terrorismo olvidadas

La Transición, tan poco pacífica y libre, dejó un largo reguero de víctimas del terrorismo olvidadas

No es frecuente que yo trate temas locales o del ámbito del estado al que pertenezco, pero a veces también hay que dedicarles este tiempo, porque pese a que habitualmente este tipo de asuntos ya son tratados de forma adecuada por expertos, sucede que en ocasiones se ven en cierta forma vacíos, que falta de decir y de contar una realidad que por temor o conveniencia se termina ocultando. Me estoy refiriendo, como el título ya lo indicaba, a aquellas víctimas del terrorismo que fueron olvidadas, que de hecho no son reconocidas ni como tales, porque supuestamente no había detrás de esos actos una organización que deliberadamente fuese responsable; algo que es completamente falso, porque sí había tales organizaciones que cometían actos de terrorismo de forma bien coordinada y premeditada. Ejemplos de estos entramados no son difíciles de encontrar: el Batallón Vasco Español, la Triple A, ATE, GAL o la propia GLADIO (los ejércitos secretos de mercenarios de la OTAN que cometieron y siguen cometiendo -ver por ejemplo la masacre de Odessa-  atentados terroristas  principalmente en Europa y que en España constituía su estructura de mando el mismo Estado), pero además estaban aquellas otras amparadas por las Fuerzas de Seguridad, que sin una estructura tan elaborada, cometían tales actos con total impunidad; y también eran las mismas Fuerzas de Seguridad las que llevaban a cabo estos crímenes.

Estos datos son ignorados o en el mejor (o peor) de los casos olvidados:

La Policía, la Guardia Civil y la extrema derecha provocan más de un centenar de muertes, en intervenciones represivas institucionales o en “incontroladas” agresiones de carácter “ultra”, entre 1976 y 1980. Durante todo ese periodo –salvo en la primera mitad de 1976- Adolfo Suárez preside el Gobierno y Rodolfo Martín Villa, el general Antonio Ibáñez Freire y Juan José Rosón, sucesivamente, están al frente del Ministerio del Interior. La mayor parte de las víctimas se producen a consecuencia de intervenciones desproporcionadas de las Fuerzas de Orden Público contra pacíficos manifestantes o huelguistas y también como resultado de criminales agresiones y atentados protagonizados por bandas fascistas. 1

¿Quién se acuerda de ellos y ellas? A lo sumo normalmente sus familiares y amigos. ¿Dónde está el reconocimiento y la reparación dadas a otras víctimas en estos casos? Salvo muy raras excepciones en ningún sitio ni lugar.

Veamos casos, que son terribles y que muestran la impunidad y la continuidad con que contó la dictadura instaurada en España en 1936 durante la denominada "Transición democrática" y la misma democracia:

El 13 de agosto [de 1976], Francisco Javier Verdejo Lucas, estudiante de 19 años, muere en Almería por disparos de la Guardia Civil. Recibe un balazo por la espalda mientras hace una pintada: “Pan, trabajo y lilbertad”. Es plena feria patronal en la localidad andaluza y el suceso conmociona a toda la provincia. Javier es hijo de un personaje muy conocido en aquellas tierras, Guillermo Verdejo, un franquista recalcitrante que ha sido presidente del Colegio de Farmacéuticos y alcalde de Almería. Cuando los guardias civiles que han asesinado a su hijo se presentan ante él para ofrecerle sus excusas, intentando explicarle que lo ocurrido ha sido fruto de un accidente, el padre de la víctima les contesta que sólo han cumplido con su obligación. Los familiares del fallecido intentan que el entierro pase desapercibido, pero la gente abarrota la iglesia de la Virgen del Mar. Varios camaradas del Javier, que militaba en la Joven Guardia Roja, organización juvenil del Partido del Trabajo de España (PTE), y miembros de otros partidos de izquierda arrebatan el féretro a la familia y lo llevan en hombros hasta el cementerio, al frente de una gran multitud. El gobernador civil de Almería es el fiscal Roberto García Calvo, que en 2001 llegará a magistrado del Tribunal Constitucional. Ordena la detención de quienes han participado en “el secuestro del cadáver” durante el entierro, pero no realiza ninguna investigacion sobre las circunstancias en la que se ha producido la muerte del joven comunista y archiva rápidamente el caso. Cuando es designado juez del Tribunal Constitucional, 25 años después, respaldado por el gobierno de José María Aznar, a nadie se le ocurre preguntarle por el asesinato de Javier Verdejo. 2

También muestra, como pueden ver, el carácter desalmado de los fervientes defensores de este tipo de tiranías.

El 22 de septiembre, en La Laguna, Bartolomé García Lorenzo, estudiante de 21 años, muere acribillado a tiros por agentes de policía que siguen la pista de un delincuente común, El Rubio, con quien la víctima no tiene ninguna relación. Los agentes asaltan, por equivocación, el piso donde se encuentra Bartolomé y, sin aviso previo, ametrallan la puerta del domicilio. Una ráfaga de subfusil atraviesa el tercer piso, del portal cuarto, del bloque de edificios de la Divina Pastora, en la popular barriada de Somosierra-García Escámez, de Santa Cruz de Tenerife. Entre las personas que ocupan el interior de la vivienda hay, en ese momento, dos niños, de tres y quince meses. Son los hijos de Antonia Lorenzo, prima de Bartolomé. La madre y los dos críos, afortunadamente, resultan ilesos, pero Bartolomé cae muerto. Cuando termina el asalto, los vecinos del inmueble consiguen contar 33 orificios de bala en la puerta ametrallada. Las manifestaciones de protesta por este asesinato, las más importantes de toda la historia de La Laguna, son reprimidas con enorme dureza. Se produce una huelga general y hay violentos disturbios que se saldan con 27 manifestantes detenidos. El inspector José Antonio del Arco Martín es condenado por la Audiencia de Tenerife, en 1982 , por delito de homicidio, a dos años de prisión que no cumple. Poco después de ser condenado es destinado al servicio de escolta del ministro socialista Ernest Lluch y luego nombrado jefe de Contravigilancia de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Otro de los agentes que participa en la operación que concluye con el asesinato de Bartolmé, Juan José Merino Antón, es condenado a otros dos años que tampoco cumple. Además, no pierde su lugar en el escalafón policial y es ascendido a subcomisario. También son condenados a dos años de prisión José María Vicente Toribio, Ángel Dámaso Estrada, Juan Gregorio Valentín Oramas y Miguel Guillermo López García. Ninguno de ellos entra en prisión ni ve perjudicada su carrera profesional. El 28 de enero de 1986, la Audiencia de Tenerife, mediante un auto, declara extinguida la responsabilidad de los agentes en el homicidio de Bartolomé García. 3

Con el caso del GAL tenemos resultados no muy diferentes. Acusados Barrionuevo y Vera a años de cárcel, muchos menos que a quienes asesinaban, apenas estuvieron tres meses y medio en ella. Tenían importantes defensores, incluso en la judicatura.

Apenas tres meses y medio después, el 23 de diciembre de 1998, el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, aprobó en Consejo de Ministros un indulto parcial a los condenados, equivalente a dos tercios de la pena, lo que les permitía acceder a una modalidad especial de tercer grado penitenciario por el que no tenían que acudir a la cárcel ni siquiera a pernoctar. Esa medida había sido sugerida por el Supremo, en cuya Sala Segunda Barrionuevo y Vera tenían firmes defensores, aunque estaban en minoría. Entre ellos, su propio presidente, José Jiménez Villarejo -padre de la que luego sería ministra Trinidad Jiménez-, que no veía motivos para condenarles, igual que otros tres de los doce miembros del tribunal. 4

Aunque el Tribunal Supremo ratificaría la condena en 2001, el Gobierno Aznar los dejó en régimen abierto.

¿Cómo entonces podemos decir que en España desapareció la dictadura con la muerte del dictador?, cómo si la represión, los atentados terroristas, la coacción, la impunidad y la amenaza han durado hasta prácticamente los años 90. Cómo si los que participaron y dirigieron tal dictadura continuaron participando y dirigiendo la llamada democracia.

Además, se condecoraron durante la democracia a verdaderos asesinos sádicos de dicha dictadura y hoy se considera víctima del terrorismo, a la que tenemos que reconocer e indemnizar, a un personaje tan desalmado tal que Melitón Manzanas, autor de torturas, violaciones y asesinatos a múltiples víctimas reales que cayeron en sus manos. Melitón Manzanas recibió la Medalla de Oro al Mérito Civil el año 2001. 5

Notas:
1. Alfredo Grimaldos. La sombra de Franco en la Transición. Oberon. 2004. p.245.
2. Ibid. pp. 253-254.
3. Ibid. pp 254-255.
4. Ander Goiri. Barrionuevo fue el primer ministro entre rejas: tres meses y medio por un secuestro de los GAL. El Correo. 29.07.2014.
5. María Antonia Iglesias. Hablan las víctimas de Melitón Manzanas. El País. 28.01.2001.